POR CLARA LÓPEZ OBREGÓN / SEMANA.COM

La pandemia ha dejado al descubierto las vulnerabilidades del modelo de desarrollo. Los servicios públicos de la salud y del agua convertidos en negocio se han quedado cortos y discriminan por nivel de ingreso a los menos aventajados. La informalidad y el rebusque son la fuente principal de ingresos de la mitad de la fuerza laboral y no tiene seguridad social ni protección laboral. Para completar, a través de la ley, se ha impulsado la flexibilidad laboral que ha precarizado el empleo dentro de la formalidad. Pero otra vulnerabilidad oculta está haciendo mucho más difícil afrontar los efectos sociales de la crisis. Se trata de la reducida tasa de sindicalización, de apenas de un 4,6 por ciento, aunada a una casi nula organización asociativa de los trabajadores y empresas informales.

Por la insuficiente fuerza colectiva para contraponer al poder centralizado del capital, la capacidad negociadora del trabajo se ha reducido peligrosamente. Ello ha facilitado que la ley precarice el trabajo formal e ignore el trabajo informal, salvo para imponer medidas policivas contra vendedores en el espacio público. Esa debilidad también se manifiesta a la hora de aplicar las medidas de emergencia. Una cosa es lo que dicen los decretos presidenciales que ordenan no desvincular a trabajadores y otra que haya quién los haga cumplir. Ante la inferioridad de poder del trabajador frente al empleador, mucha de esa labor de intermediación la cumplen los sindicatos. Pero en Colombia hay solamente 2.397 organizaciones sindicales, quedando 21 millones de trabajadores huérfanos de organización colectiva.

La situación se torna más crítica en el sector de la informalidad que abarca a 9 millones de trabajadores. El Gobierno, ofreció 3 millones de apoyos de $160.000 a esa población durante el confinamiento obligatorio. Preguntado el presidente Duque sobre cómo pensaba entregar las ayudas ante la inexistencia de organizaciones para identificarlos, contestó con una generalización: “De todas las formas.” Esas formas incluyen -ojo por sus implicaciones sobre la privacidad de las personas- ¡levantar la reserva bancaria para tratar de ubicar sus cuentas!

La informalidad se extiende a las empresas. Solo una décima parte de ellas acude al crédito bancario donde se pueden aplicar los periodos de gracia y reducción de tasas de interés de las medidas de emergencia. Como las más pequeñas generan el 80 por ciento del empleo, empresarios precarios y sus trabajadores quedan expósitos al esfumarse la demanda de sus productos y servicios.

El desafío es verdaderamente descomunal: proteger la salud y a la vez que evitar un colapso económico devastador. Los estimativos del Informe de la OIT sobre el impacto del COVID 19, extrapolados a las cifras del mercado laboral colombiano, revelan la magnitud del golpe ya producido. A 31 de marzo, recién iniciada la cuarentena, se habrían perdido 70 millones de horas laborales lo que equivale a 1,4 millones de trabajos de tiempo completo. El número de cesantes acrecentado se hará permanente si las empresas, especialmente las más pequeñas, se quiebran. Recordemos que son 12 millones, más de la mitad de la fuerza laboral, que verán desaparecer o disminuir su ingreso por trabajar en los sectores más afectados: comercio (18%), hospedaje y servicio de comidas (8%), actividades artísticas y recreativas (9%), industrias manufactureras (11%) y transporte (8%).

Las consecuencias son drásticas y devastadoras. Guy Ryder, secretario general de la OIT, hizo la siguiente caracterización: “Trabajadores y empresas se enfrentan a una catástrofe…Tenemos que actuar con rapidez, decisión y coordinación. Las medidas correctas y urgentes podrán hacer la diferencia entre supervivencia y colapso”.

El modelo de la desigualdad y las injusticias laborales deberá repensarse. La nueva legislación laboral debe promover la asociación en las nuevas condiciones del mundo laboral. Debe extenderse el derecho de asociación y negociación colectiva a los trabajadores de plataformas y a personas que trabajan por contrato, y hacerlos partícipes de las garantías del contrato laboral al salario mínimo, seguridad social, jornada laboral de ocho horas y descanso dominical. La negociación colectiva por industria o ramo de actividad sería un punto de partida para construir un nuevo pacto social con relaciones más justas y sostenibles.