¿Pena de muerte para la protesta?

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/ El Espectador

En declaraciones radiales del 29 de abril, cuando el paro llevaba apenas un día, el presidente Duque calificó los hechos presentados en el país como “terrorismo de baja intensidad”. Al dar a conocer el Decreto 575 que militarizó siete departamentos y 13 ciudades, el presidente nuevamente utilizó ese término para referirse a los acontecimientos del mes del paro nacional.

El escalamiento del lenguaje oficial es confuso y peligroso pues asocia la inconformidad social que se expresa en modalidades de desobediencia civil no violenta con el terrorismo que atemoriza a la población a través de actos de extrema violencia y elevado número de víctimas. Esa ambigüedad oficial ha contribuido a la excesiva represión de los manifestantes por parte de la Policía, que ha llegado al extremo de disparar armas de fuego contra jóvenes inermes y de cohonestar disparos de civiles contra la minga indígena.

Los 50 años de conflicto armado bajo la doctrina del enemigo interno, prohijada por los manuales de contrainsurgencia estadounidenses de los años 60, han dejado en la Fuerza Pública y en no pocos funcionaros y dirigentes políticos la idea de que la inconformidad social y política atenta contra el orden establecido y debe ser suprimida por la fuerza. Se normalizó en la guerra interna el señalamiento del otro como enemigo merecedor de la muerte. La Unión Patriótica fue eliminada “a sangre y fuego” bajo esa concepción funesta contraria al orden constitucional y a los derechos humanos.

Los llamados a la reforma policial y a la doctrina militar que preceden el paro nacional buscan precisamente hacer el tránsito hacia una nueva doctrina para la construcción de paz, la reconciliación y la convivencia. Con todo, el negacionismo de los acuerdos de paz ha llevado a que muchos altos mandos de la Fuerza Pública y dirigentes de los partidos de la coalición de gobierno se nieguen a superar esa mentalidad guerrerista. Incluso, en noviembre de 2020, el comandante del Ejército ordenó el desmonte de la Doctrina Damasco que buscaba someter las operaciones militares a los dictados de los derechos humanos y del DIH, por lo que resulta extremadamente peligroso militarizar el país para abordar el orden público en medio de una movilización ciudadana de prolongada duración.

Colombia no es un país en guerra, así algunos quieran mantenerlo en esa condición para sacar partido del miedo. Atraviesa una explosión social que exige diálogo y concertación. No vaya a ser que califiquen a los jóvenes barriales de la primera línea como terroristas y les apliquen la doctrina militar vigente, diametralmente contraria a la Constitución. El 28 de mayo la prensa informó como logro la ejecución por parte de un francotirador del Ejército de alias Flechas, jefe de la banda Los Caparros, quien tenía un tenebroso prontuario criminal y orden de captura, pero no de fusilamiento.

De ahí que, al lado de las demandas que motivaron el paro, haya surgido con fuerza la exigencia de retiro del Esmad, la desmilitarización de la Policía, la reforma de la doctrina militar y, desde luego, la derogatoria del cuestionable y desacertado Decreto 575.