POR JOSÉ ROBETO ACOSTA /
Con las claridades a su laudo, el tribunal convocado por la Concesionaria Ruta del Sol cierra la puerta a que los bancos, que perdieron una parte de sus créditos por la corrupción de Odebrecht y Grupo Aval, puedan reclamar contra la nación en instancias diferentes.
Aclara que la multa del 5 % del valor del contrato, a la que hace referencia la Ley 1882, no es aplicable pues, al anularse el contrato, por sustracción de materia no habría un valor al cual aplicar ese 5 %. Toda una paradoja del derecho que favorece a los corruptos.
Se confirma que Odebrecht y Aval hicieron este negocio con la cédula, pues los $262.311 millones que aportaron los terminaron sacando por valor de $417.545 millones, arriesgando solo el dinero de los bancos y proveedores. Un negocio donde las ganancias estaban en lo financiero y no en la ingeniería.
Desde que en diciembre del 2016 se supo de los sobornos recibidos por el gobierno de Álvaro Uribe, el Grupo Aval ya sabía que el negocio financiero se les desmoronaba y por ello evadieron la caducidad con “la solución amigable” cuadrada por Juan Manuel Santos y el superintendente Pablo Felipe Robledo, como lo ha repetido la actual ministra de Trasporte. Por esto aprobaron la Ley 1882 con el apoyo de la bancada del Centro Democrático. Hasta acá todos juntitos.
Como la nulidad ilícita del contrato era predecible desde 2017 y las cuentas no daban para pagarles a los bancos la totalidad de lo prestado, a pesar de la torcida Ley 1882, les tocaría a Odebrecht y Episol responder solidariamente por todas las obligaciones, por cuenta de un acuerdo entre socios firmado antes de la existencia del contrato Ruta del Sol 2. Como está probado el dolo de Episol, los bancos deberán solicitar a la Superintendencia de Sociedades levantarle el “velo corporativo” de su deudor e ir detrás de su matriz, en este caso Corficolombiana y Grupo Aval.
Será contra el Grupo Aval que Bancolombia, Itaú y Davivienda busquen recuperar lo perdido, no contra la nación. Banco de Bogotá, AV Villas, Banco de Occidente y Banco Popular también deberán pedirle a su hermanito, Corficolombiana, los dineros perdidos, pues dichos dineros son de ahorro público. Corresponde ahora a la Superintendencia Financiera verificar que se adelanten estas reclamaciones entre colegas.
