Por: Redacción Política El Espectador

La fundación realizó una investigación en la que concluyó que se crearon dos fondos en el marco de la pandemia que “hacían prácticamente lo mismo” bajo principios de derecho privado y cuestionó que se firmaran acuerdos gubernamentales que permitieron la firma de contratos bajo la modalidad de reserva.

Justo cuando se adelantará en la Comisión Quinta del Senado la audiencia pública sobre “Vigilancia y seguimiento a la vacunación por COVID-19 en Colombia”, se conoció de una investigación realizada por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en la que cuestionan la falta de transparencia y mecanismos de control ciudadano a las contrataciones gubernamentales para la atención del coronavirus hechas en el marco de la pandemia.

La primera conclusión que sacó la organización es que se crearon dos fondos, a través de decretos legislativos expedidos durante la declaratoria de estado de emergencia económica, que, a su juicio, cumplen la misma función. Se trata del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), a cargo del Ministerio de Hacienda, y la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias COVID-19, creada dentro del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Fngrd), administrado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres (Ungrd) y que depende del Departamento Administrativo de la Presidencia.

“El Gobierno Nacional, en atribución extraordinaria de sus facultades por el Estado de Emergencia, había creados dos fondos que hacían prácticamente lo mismo, no obstante, focalizaron toda la contratación de salud, asistencia humanitaria y todo lo relacionado con el COVID-19 mediante la Ungrd, entidad que tiene un régimen de contratación especial y que, además, administra la multimillonaria Subcuenta COVID-19 en el Fngrd, mediante un acuerdo de confidencialidad que no tiene sustento jurídico claro y que viola los principios y articulado de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, se lee en un apartado de la investigación. Sobre esas funciones extraordinarias, señala el documento, “se fundamentó en el abuso del ‘estado de emergencia’ para eliminar el control ciudadano y la transparencia en la compra de mercados, ventiladores y actualmente la vacuna”.