REDACCIÓN /
La participación ciudadana en la construcción de un proyecto colectivo y democrático que le apueste a mejorar sustancialmente la calidad de vida de la capital colombiana, es parte de la visión política progresista de la dirigente Clara López Obregón.
Bajo esta premisa se busca generar mayores espacios de inclusión social que permita avanzar hacia una sociedad con altos índices de participación democrática, superando la visión de la ciudad neoliberal, donde solo tiene cabida lo rentístico, las obras suntuosas, la metrópoli para los negocios y la ganancia, dejando de lado la atención de las acuciantes necesidades sociales.
Para analizar los cambios sociales que se vienen presentando en las ciudades de América Latina y sobre todo, el reto que tienen administraciones progresistas con profundo acento social, consultamos al arquitecto colombiano radicado en México, Emilio Pradilla Cobos, doctor en Urbanismo y Desarrollo Económico y Social, especialista en organización del territorio y profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco.
Pradilla Cobos hace mención y da propuestas para las grandes megas ciudades que den solución a sus problemas territoriales, urbanos, sociales, económicos, políticos y culturales.
- ¿Qué cambios políticos registra usted en cuanto a participación ciudadana y mayor democratización en la toma de decisiones en las ciudades de América Latina?
- Los sujetos del cambio social se han modificado, aparente o realmente: de las clases sociales explotadas u oprimidas y sus organizaciones, como sujetos colectivos del cambio, hemos pasado a los ciudadanos y sus decisiones individuales de voto, las agrupaciones sectoriales multiclasistas de ecologistas, feministas, étnicas, culturales, religiosas, etc. Sin que se haya alcanzado la satisfacción de las necesidades básicos – alimentación, educación, salud, trabajo–, la sociedad exige hoy nuevos derechos como la igualdad de género, el respeto a la diferencia étnica, cultural y sexual, los derechos de los niños, la participación directa en las decisiones públicas, los derechos humanos en lo civil, penal, salarial y electoral, etc., que se expresan crecientemente como problemas urbanos; tenemos que lograr, en el campo y la ciudad, la garantía universal de los derechos sociales de primera y segunda generación, lo que implica también cambios territoriales profundos.
- ¿Cómo profundizar en participación democrática?
- Es prioritario responder a las exigencias de la participación democrática demandada por los habitantes de las ciudades, que incluya a los ciudadanos aislados, pero sobre todo a los organizados en su calidad de pertenecientes a sectores sociales específicos que luchan por intereses territoriales, sectoriales o de clase.
- ¿Hacia dónde deben dirigir sus esfuerzos los gobiernos locales para generar ciudades más equitativas y democráticas?
- Hay que generar planeación urbana democrática con amplia participación ciudadana, en una economía socialmente justa y con equidad distributiva, y una gestión urbana plural y participativa socialmente responsable y solidaria. No se trata de diseñar utopías, lo que es necesario es construir un proyecto futuro de sociedad y ciudad mediante los instrumentos de conocimiento científico, la cultura, la tecnología y, sobre todo, la política.
- ¿Y para ello, cuáles son sus recomendaciones?
- Podría destacar algunas como: la reducción del crecimiento demográfico de las migraciones de las regiones atrasadas, realizar el ordenamiento económico, social y territorial de las ciudades-región con acuerdos y proyectos del gobierno y de los actores sociales; mantener una sustentabilidad de la región que conlleve un desarrollo sustentable para la armonía de la naturaleza y la población, impulsar la industria de manera sustentable y apoyar a los micros pequeñas y medianas empresas; hacer uso de la ventaja comparativa de las instituciones universitarias, investigación y desarrollo; realizar políticas contra la pobreza urbana, generar empleos, infraestructura, mediante un aumento del gasto público; reafirmar un transporte público masivo sin generar contaminación excesiva, consolidar las instancias de coordinación o gestión continua metropolitana y regional conformada mediante procesos de elección democrática.