POR CLARA LÓPEZ OBREGÓN / SEMANA.COM

Si algo ha quedado claro con la pandemia es que el mercado falló y que el Estado debió hacerse cargo. Las privatizaciones y la mercantilización de la provisión de los bienes públicos produjeron una respuesta estatal precaria en materia de salud pública y de compensación social por la cuarentena. El mercado dejó al descubierto su incapacidad para la provisión de empleos acorde con las necesidades de la población. Se dirá que el pleno empleo no es una responsabilidad exclusiva del sector privado y concuerdo. Lo que pasa es que los ideólogos del laissez faire sostenían que el gasto y la intervención estatal eran dañinos, cuando no superfluos, y que el mercado automáticamente generaría el pleno empleo.

La mentalidad anclada en intereses materiales es difícil de modificar. Quienes se aferran a las viejas ideas todavía piensan que podrán pasar el chaparrón con algunas reformas o reajustes. De persistir en el fundamentalismo de mercado con su crecimiento sin suficiente empleo, informalidad de subsistencia y creciente desigualdad, no se perderán solamente los avances en reducción de la pobreza, sino que el país se embotellará en una espiral descendente de desempleo, estancamiento y desesperanza.

Para salir adelante se requiere que el Estado asuma sus funciones de intervención con el fin de garantizar el pleno empleo, asumir el desafío del cambio climático y garantizar la provisión de los bienes públicos de salud, educación en todos los niveles, formación para el trabajo, cultura y deporte, en democracia. Para ello no hay que acudir a consensos foráneos sino a los propios. El artículo 334 de la Constitución ubica la dirección general de la economía en manos del Estado y lo autoriza para intervenir en la producción, distribución y consumos con el fin de racionalizar la economía y conseguir el pleno empleo para “asegurar a las personas, en particular a las de menores ingresos, acceso efectivo a los bienes y servicios básicos.”

La reactivación y reconducción de la economía para sortear el decrecimiento y desocupación sin antecedentes y el retroceso social, exigen del gobierno un plan de largo alcance orientado a enfrentar los desafíos del cambio climático, la salud como bien público y la generación de cantidades masivas de empleo privado, pero también público. La cuota inicial es la ejecución de programa de choque masivo de empleo y formación para el trabajo en los territorios, financiado por la Nación, semejante a la descontinuada Misión Bogotá del Distrito Capital que contrataba, con salario mínimo y prestaciones, a personas para terminar o actualizar su formación y prestar servicios sociales y económicos útiles. Este programa, en el corto plazo, daría impulso a la demanda y proveería personal capacitado a las empresas, garantizando a la vez actividades de extensión social indispensables.

La financiación del programa de empleo para dos millones de jóvenes y trabajadoras durante un año puede costar unos 30 billones de pesos o 3 puntos del PIB. Su financiación debe provenir de préstamos del emisor que tienen costo fiscal de cero o de una moratoria o refinanciación consensuada de la deuda externa, que consume la cuarta parte del presupuesto anual.

Un segundo elemento del plan de choque consiste en dejar de entregar beneficios tributarios, líneas de crédito y garantías estatales a las empresas a cambio de nada. Por esa vía, los recursos públicos terminarán engrosando los activos financieros empresariales, sin impacto en la economía real. El salvamento de empresas viables es legítimo si el Gobierno exige contraprestaciones estratégicas como la transición hacia energías verdes y la reversión de la tercerización laboral en las empresas, al lado de garantías efectivas de los accionistas para salvaguardar los recursos públicos

Para la siguiente etapa debe estructurarse ya un plan de reindustrialización, sustitución de importaciones de alimentos y adaptación al cambio climático sobre bases equitativas de relacionamiento entre el Estado, el sector privado y los trabajadores, para salir de la crisis hacia un modelo equitativo de desarrollo sostenible. Llegó el momento de contemplar un nuevo trato con participación de todos los sectores donde la intervención democrática y planificada del Estado, sin los acostumbrados privilegios plutocráticos, sea parte esencial de la solución.