POR LUIS IGNACIO SANDOVAL MORENO /
La efeméride del bicentenario de la independencia colombiana es una oportunidad de oro para un balance del proceso histórico de construcción de la nación y su forma republicana de gobierno. No se puede trivializar la celebración de 200 años de vida independiente cuando el país enfrenta problemas tan sensibles de violencia multiforme, exclusión, corrupción, desfases protuberantes en el desarrollo humano de sus regiones y dificultades enormes de ubicación en el contexto continental y mundial.
En las páginas que siguen, escritas en el primer semestre del presente año, llamo la atención sobre problemas crónicos pero que tienen palpitante actualidad como el pacto sobre lo fundamental y la necesidad afianzar el carácter social de la república. Es evidente que el país necesita profundos cambios en todos los órdenes, la agenda de paz es un recurso en favor de las transformaciones que no dan espera. Colombia apenas se inicia en la aventura de construcción de una verdadera república.
Colombia: 200 años sin pacto sobre lo fundamental
Soy de la opinión que este país no ha tenido en 200 años de vida independiente, en que ha intentado ser una república, un verdadero acuerdo o pacto sobre lo fundamental (PF). Me parece que el año en que se celebra el bicentenario de la independencia nacional, la gloriosa lucha por emanciparnos de la metrópoli española es de inmensa pertinencia examinar este asunto en el cual posiblemente se encuentre la raíz de los mayores desencuentros y polarizaciones del presente.
A esta visión-conclusión he llegado por la trayectoria de varias décadas inmerso en avatares sociales y políticos, por el intercambio con amigos y compañeros de proyectos y de luchas y, también, por lecturas sobre la agitada historia política de Colombia. Es un problema que me ha preocupado por largo tiempo, que por un momento pareció encontrar solución en el proceso que desembocó en la Constitución de 1991 y que hoy, ante hechos de exterminio social y de terrorismo delirante, vuelve a plantearse con insospechada fuerza.
El de pacto sobre lo fundamental (PF) es un concepto y un desiderátum de la política moderna. El PF cumple la función de sólido basamento de la arquitectura de un orden social democrático. El PF es el marco de referencia común que hace viable una nación y le permite gobernarse a sí misma con un manejo reglado y pactado de sus diferencias internas, su pluralidad de opciones y su natural conflictividad originada en visiones, intereses, variadas formas de vivir y de gobernar. El PF codifica valores, propósitos comunes y reglas de juego en función de un proyecto de país hacia el cual tiende el conglomerado social.
De ordinario el PF se contiene en la constitución política, la inspira o se deriva de ella. Hay situaciones de conmoción general en la vida de las sociedades y los pueblos que desembocan en nuevos pactos fundamentales, vale decir, fundacionales y constitucionales. Pero hay también situaciones en que la conmoción general, la discrepancia insondable, a donde conduce es a redescubrir que el pacto existe ya formulado en el texto constitucional pero no agenciado en la práctica política, es decir, ésta, en sus expresiones, condiciones y dinámicas predominantes, transcurre divorciada del proyecto básico de país previa y legítimamente concertado y establecido.
Es muy probable que la conmoción que se experimenta en la actualidad tiene que ver no con el primero sino con el segundo tipo de situaciones: tuvo el país la sabiduría de dotarse de un acuerdo o pacto sobre lo fundamental, pacto fundacional constitucional (1991), pero no ha tenido el acierto de desenvolverse dentro de ese marco. Hay un país formal moderno, democrático, libre, soberano y justo en la constitución escrita pero el país real es otro: no hay instituciones, fuerzas, actores, sujetos colectivos, liderazgos políticos que se inspiren en ese proyecto, se mantengan fieles a él y pugnen por hacerlo realidad. Existe un diseño de nueva república, pero no se materializa porque no hay sujeto, mejor sujetos, en capacidad y con voluntad de hacerlo carne y sangre de la vida social.
La Constitución de 1991 contiene la prioridad para la vida (Preámbulo, Art.11), el ejercicio transparente de la administración (209), el derecho y deber de construir la paz (22), el reconocimiento de la pluralidad cultural y étnica (7), la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres (43), el derecho a constituir asociaciones, movimientos y partidos (38,103,107), la posibilidad de ejercer la oposición (112), la garantía para la protesta social legítima (37), la consagración amplia de derechos (11-98) y la asignación de fines sociales al Estado a fin de hacerlos realidad (2), la necesidad de proteger el ambiente (79), los recursos naturales (80), el monopolio garantista de la fuerza en manos del Estado (217), la separación clara de poderes (113), la proyección de la vida del país a la construcción de un Estado social, democrático de derecho (1), que respeta la autodeterminación de los pueblos (9), que participa en el avance de la integración con los vecinos (Preámbulo), abierto al mundo globalizado (227)…
Esta limitada enumeración de temas sensibles muestra que, en la Constitución vigente, como en caja de herramientas, están contempladas las disposiciones básicas necesarias para el pacto sobre lo fundamental que hace viable la nación. El camino de superación de la tragedia reincidente de Colombia estaría en revivir el pacto fundante y en actualizar el compromiso para hacerlo realidad.
No puede ser que una sociedad que tiene un concepto tan avanzado y atrayente de su propia realización, esté dedicada a autodestruirse por confrontaciones, polarizaciones y diferencias que no se tramitan democráticamente, que llevan a la intolerancia total, hasta la muerte de unos por otros, hasta el espectáculo dantesco de prácticas de terror, sobresaliendo el desapego a los valores de la solidaridad, la justicia, la verdad, la libertad, y el apego, ese sí persistente y terco, al todo vale, a la anomia disolvente y al imperio de las violencias de toda índole. No puede ser.
Los diálogos con las Farc en La Habana tuvieron como resultado que este movimiento insurgente aceptara dejar las armas para vincularse al pacto existente y los puntos centrales del Acuerdo Final de Paz (24 noviembre, 2016) quedaron insertos en el cuerpo de la Constitución Política. Ese acuerdo, integrado al pacto fundante, no puede quedarse escrito e incumplido. Se apuntala la necesidad de que el pacto, todo el pacto, sea objeto de cumplimiento por parte de los actores políticos, el primero de ellos el Estado mismo.
Profundizar el desfase entre pacto escrito y realidad política solo agravará los males que ya afectan la salud de la república. La coherencia, en cambio, incentivará la decisión de otros actores de vincularse al pacto. Esta vía, y no la de la continuar y agudizar la confrontación, pondrá con certeza al país en la perspectiva de una auténtica transición. Nadie perderá, todos ganaremos.
No es la fórmula consociativa que crea oligopolios políticos, incluyentes de unos y excluyentes de otros, como el Frente Nacional, o los repetidos acuerdos de “unidad nacional”, lo que se echa de menos y se reclama. El PF es un marco de referencia común para el ejercicio de la más amplia pluralidad. Quizá se ha pensado e intentado, pero no se ha logrado en 200 años.
El presidente Iván Duque acierta cuando propone Pacto por Colombia. El líder alternativo Gustavo Petro acierta cuando propone Pacto sobre lo Fundamental. ¿No puede en el año del bicentenario y ante el acicate de las dolorosas circunstancias actuales abrirse un diálogo entre estas dos propuestas?
El país se resiste a seguir descuadernado, pero al país no lo encuaderna la imposición de un bloque político sobre otro. O la rendición de unos ante otros en la confrontación político-militar. Reeditar la exclusión de actores significantes en la vida regional y nacional equivaldría a atizar el fuego de la confrontación y a continuar sin tregua el síndrome de autodestrucción que afecta a esta patria desde su nacimiento.
Por ello considero plenamente acertada la aguda observación de Boaventura de Sousa Santos: “Colombia es hoy tal vez el país del mundo donde la posibilidad de convivencia democrática real está en la agenda política de modo más decisivo y dramático. Ensombrecida por el monstruo de la violencia desde su nacimiento, un monstruo de producción mixta local e imperial, Colombia, en la medida en que, apuesta por la no repetición de la violencia, está de hecho proponiendo la refundación del país, un desafío inmenso” (Democracia y Transformación Social, 2017).
Colombia no puede seguir atrapada en el paradójico esquema de orden y violencia que ha signado los dos primeros siglos de su vida independiente: guerras civiles en el siglo XIX, violencias sucesivas y traslapadas en los siglos XX y XXI con elecciones ininterrumpidas. Solo si el orden es efectivamente democrático desaparecerá el componente de violencia. Para ello es preciso revivir y hacer realidad el pacto sobre lo fundamental. Ese es el reto al momento del bicentenario. Se requiere emprender un amplio diálogo nacional, hablar con todo el mundo, en todas las direcciones. ¿Cuándo tomaremos la decisión de ser razonables?
200 años de aventura republicana
Llegamos a los 200 años de vida independiente, que se conmemoran en estos días (20 de julio y 7 de agosto) en medio de luchas contra el mal gobierno, por los derechos humanos y por una nación soberana y digna. Los contextos son muy diferentes a los que afrontaron los comuneros, el precursor Antonio Nariño y el Libertador Simón Bolívar; sin embargo, es preciso señalar que los objetivos que ellos perseguían solo parcialmente se han cumplido.
En las dos centurias transcurridas hemos pasado por toda suerte de modalidades de república: federalista, centralista, unitaria, confesional, laica, conservadora, liberal, de amplísimas libertades y de libertades restringidas; la única forma de república que no hemos ensayado de manera sostenida y eficaz es la república social. Los pocos gobiernos de talante social han constituido fugaces experimentos.
Entre 1810 y 1886 la república existe en medio de una profunda dispersión del poder, a partir de entonces hasta hoy pervive en un modelo de concentración de poder en el Ejecutivo central, de lo cual da cuenta el acentuado presidencialismo.
La república colombiana siempre ha sido señorial, elitista, oligárquica… “Colombia continuó siendo / después de la independencia / una sociedad aristocrática descrita con gran penetración por Bolívar en 1828, cuando, con profundo pesimismo, habló del estado de esclavitud en el cual la clase baja colombiana continuaba viviendo, sujeta a los alcaldes locales y a los magnates, y viendo negados los derechos humanos a que era acreedora: En Colombia hay una aristocracia de rangos, de empleos y de riquezas, equivalente por su influjo, por sus pretensiones y peso sobre el pueblo a la aristocracia de títulos y de nacimiento más despótica de Europa. En aquella aristocracia entran los clérigos, los frailes, los doctores o abogados, los militares y los ricos; aunque hablan de libertad y de garantías es para ellos solos que las quieren, no para el pueblo que, según ellos, debe continuar bajo su opresión… La polarización de la sociedad entre una oligarquía de propietarios rurales y sus aliados menores, por un lado, y las masas rurales por el otro, era la perspectiva futura de Colombia, el futuro destino de América Latina” (Lynch, John, Las revoluciones hispanoamericanas, Ariel – FCE, 1976, págs. 297 – 298).
Respecto a los tiempos actuales los hechos son protuberantes (sin molestar con cifras): somos uno de los países más desiguales del mundo; los derechos fundamentales están negados para gran parte de la población especialmente en regiones como Guajira, Chocó o Nariño, territorios étnicos, zonas fronterizas, espacios de economía campesina y barriadas de las grandes ciudades; las reformas más elementales y necesarias, como la rural, se han frustrado una y otra vez; ni los acuerdos de paz, firmados en noviembre de 2016 con la mayor de las guerrillas políticas, que buscaron acabar con un conflicto armado interno de más de medio siglo, modifican aún el inmovilismo del statu quo que frena el imprescindible proceso de transformaciones en el campo.
El problema no es coyuntural, es estructural. Quizá por ello el brillante intelectual y líder político socialista Antonio García Nossa, a mediados del siglo XX, con toda razón hacía esta observación que, a mi juicio, sigue vigente: Colombia es un país económicamente liberal, políticamente conservador y socialmente retardatario. A pesar de contar la nación colombiana con una de las constituciones más progresistas del continente, la de 1991, carácter acentuado con los acuerdos de paz constitucionalizados, y a pesar de asumirse como Estado social democrático de derecho, la realidad es que estamos lejos, muy lejos, de ser una república social.
Siempre ha habido en el país dura represión oficial, pero también pájaros y águilas negras, fuerzas paramilitares, que actúan hasta el asesinato selectivo, la masacre, el desplazamiento masivo, contra los actores del legítimo interés social: comunidades étnicas, asociaciones democráticas, sindicatos, ligas campesinas y de colonos, juntas comunales, estudiantes críticos, reclamantes de tierras y servicios o vías, defensores de derechos humanos, del ambiente, del reconocimiento a la diferencia, opositores políticos. Entre los grandes líderes sacrificados, imposible no recordar a Rafael Uribe Uribe, Jorge E. Gaitán, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Luis Carlos Galán…
Al presente, bandas armadas ilegales sucesoras de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con la connivencia de agentes públicos, adelantan implacable campaña de exterminio de liderazgos sociales, hombres y mujeres mayormente jóvenes. Regiones deprimidas y azotadas por el conflicto han visto negada por la clase política más tradicional la posibilidad de contar con circunscripciones electorales especiales que les den la representación y la voz que nunca han tenido.
Colombia ha sido todo en 200 años de vida independiente, menos una república social con monopolio garantista de la fuerza en el Estado. Crónico déficit de Estado, seguimos teniendo más territorio que Estado. En algunos aspectos –tributación, justicia, exclusividad de la fuerza– el Estado colombiano, por momentos, aparece como un Estado fallido.
Con la Masacre de las Bananeras (1928), la llamada Ley Heroica, la violencia bipartidista de los años 40 y 50, el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala (1978 – 1982), el exterminio de la Unión Patriótica (UP) en los años 80 y 90, y, en época más reciente, el asesinato de líderes y lideresas sociales y excombatientes guerrilleros, lo que se pretende es anular por el terror la acción de los agentes de cambio que lo que buscan es, precisamente, que el Estado-república sea realidad en todas partes. La resistencia al cambio es lo que está impidiendo que se consolide la paz y lleguen la verdad y la reconciliación. Enormes obstáculos se erigen para avanzar hacia la república como Estado social de derecho.
Cada vez que despunta un intento reformista se activan las fuerzas embozadas y desembozadas de la reacción. El historiador Álvaro Tirado Mejía acaba de publicar un interesante cotejo entre la época de las reformas liberales de los años 30 y la actual. Las lecciones surgen con facilidad: no puede ser que otra vez los cambios se ahoguen en sangre, no puede ser que solo con incoar las reformas se opte por entrar en pausa para que nunca pase nada.
Hoy la defensa de los liderazgos sociales y de las circunscripciones especiales de paz es la defensa de la posibilidad de que en el país se consolide el nuevo sujeto social y político, amplio y plural, capaz de construir la paz con reconciliación, de adelantar los cambios que no dan espera, de emprender la tarea de realizar la república social tan largamente postergada.
No obstante, aunque maltrecho, el país cuenta con un régimen republicano que es preciso conservar y perfeccionar. El modo republicano de gobierno con voto, prensa y opciones políticas realmente libres, separación de poderes, derechos reconocidos, requiere liberarse de la violencia, la exclusión, el clientelismo y el gatopardismo, constantes nefastas que lo han desfigurado durante todo el tiempo de vida independiente. Así comenzará a ser realidad la república social.
La violencia en todas sus formas anula posibilidades al esplendor democrático. Ni violencia oficial, ni violencia guerrillera, ni violencia paramilitar, ni violencia contra las mujeres y los niños, ni violencia contra la naturaleza deben persistir. Además del derecho y deber de paz, tenemos, en coincidencia con el bicentenario de la Independencia, la posibilidad real de vivir y conflictuar en paz. Somos un país joven, la apasionante aventura de construir una verdadera república apenas comienza…
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