¿Legalización del despojo?

Por Clara López Obregón   

Allí dónde no están garantizados los derechos a la posesión pacífica y al disfrute ordenado de los bienes legítimamente adquiridos aparece la discordia y la justicia por propia mano, acompañada de la violencia. Un somero repaso de nuestra historia nos muestra claramente que cada oleada de violencia ha venido acompañada de una recomposición del poder político y de la propiedad. Desde la conquista, con el despojo de los indígenas y la imposición, a sangre y fuego, de la encomienda ibérica luego reemplazada por la hacienda como asiento del poder político a cargo del gamonal; pasando por nuestras guerras civiles y la sistemática confiscación de los bienes de los vencidos, hasta la primera Violencia de los años cincuenta y la que actualmente nos azota; la tierra ha estado en el vórtice del conflicto armado. La “Manzana de la Discordia”, al decir de James Madison cuando se refería a la protección de la propiedad en la Constitución norteamericana. Casi que cada violencia, siembra con su robo y pillaje, la semilla de la siguiente.

En el clásico informe La Violencia en Colombia publicado en 1962 se lee el siguiente análisis que hoy recobra plena actualidad: “A lo largo de este estudio aparece la avidez económica como otro gran factor, que se traduce en despojo de inmuebles cuyo proceso puede traducirse así: Fincas o casas compradas a precio irrisorio, previa escritura de venta ‘debidamente registrada’; fincas usufructuadas por un detentador carente de todo título; fincas abandonadas, a las cuales ni su dueño ni nadie tiene acceso; fincas explotadas mediante terceros a las cuales el dueño tiene acceso muy esporádico” (Tomo II, p. 392, 9ª Ed., Valencia Editores).

Fueron cerca de dos millones de desplazados y alrededor de 300 mil muertos. En la etapa reciente se acumulan ya otros dos millones de desplazados y un número semejante de muertos. En solo Bogotá, los 500 mil desplazados llegados a la ciudad desde 1985 contabilizados por un estudio de Planeación Distrital con la Corporación Arco Iris debieron abandonar 90.938 bienes inmuebles en sus lugares de origen. En el mismo periodo, como lo viene de repetir la Contraloría General de la República, un millón de hectáreas han pasado a manos de paramilitares y narcotraficantes, constituyendo la base de un nuevo mapa político sentado en estructuras armadas en cerca del 30% de los municipios del país.

Es en este contexto que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes ha revivido un proyecto de ley ya archivado en el Senado por improcedente, orientado a establecer un proceso expedito para sanear los títulos con falsa tradición, es decir, aquellos con una “inscripción en el Registro de Instrumentos Públicos que se hace a favor de una persona a quien otra que carece de dominio o propiedad sobre un inmueble o derecho vendido, le ha hecho acto de transferencia” (Ponencia Gaceta del Congreso Año XIV-No. 311). De tener éxito semejante despropósito, en Colombia se estaría consolidando el más atroz de los pillajes, al amparo, ni más ni menos, que de la ley. Quedarían saneadas las tierras habidas a punta de boleteos y homicidios en cabeza de quienes los propiciaron y ejecutaron.

Las razones aducidas por los ponentes no pueden ser más inconsecuentes: “Al crearle al país un mecanismo para sanear la falsa tradición como el que se propone, tratados internacionales de intercambio y comercialización como el TLC, tendrían una gran cantidad de inmuebles que servirían de garantía para las transacciones que en ellos se lleven a cabo.” Solamente que esas garantías y los rentables negocios que ampararían no estarían beneficiando a los legítimos dueños de los inmuebles saneados sino a quienes los usurparon impunemente.

Bogotá.

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