JEP: “Se acata, pero no se cumple”

JEP: “Se acata, pero no se cumple”

Por Clara López

De su éxito depende que, en esta oportunidad, la sociedad sea capaz de romper y superar el ciclo de repetición de la violencia que cada paz ha engendrado desde el comienzo de la República.

La JEP, sin duda, está atravesada por un equilibrio inestable por cuanto es punto medio entre la justicia y la paz que tiene sus detractores y defensores. Quienes adversan el Acuerdo con la FARC han justificado sus glosas porque incumple con sus óptimos de justicia para las víctimas, desconociendo el hecho real que la “cárcel con barras” que buscaban para los guerrilleros hacía imposible sellar el acuerdo. Quienes lo apoyamos sostenemos que era necesario “cerrar la fábrica de víctimas” precisamente para evitar aumentando su número que supera los ocho millones.

Lo que se logró fue un compromiso entre justicia y paz en el cual no sólo los guerrilleros sino los miembros de la Fuerza Pública que cometieron graves delitos como los llamados falsos positivos o los particulares y agentes civiles del Estado que auparon y financiaron a los grupos paramilitares fueran sometidos a un trato simétrico pero diferenciado. A cambio de ese tratamiento diferencial y so pena de perderlo, deben reconocer su responsabilidad y contribuir fehacientemente a reparar los derechos vulnerados de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y el derecho que tanto echamos de menos, de la no repetición.

Se trata de la llamada justicia restaurativa que se abre paso en el mundo como mecanismo idóneo para ponerle fin a los conflictos armados de larga duración, pero también para superar los conflictos propios de la vida en sociedad. Está cambiando el paradigma de una justicia retributiva en la que el responsable debe recibir un castigo para ponerse a paz y salvo con el Estado, por una justicia reparadora dirigida a servirle a las víctimas en la satisfacción de sus necesidades.

Lo único que falta para que la JEP opere eficazmente y con la seguridad jurídica necesaria es la sanción de la Ley Estatutaria aprobada en el Congreso y declarada exequible por la Corte Constitucional. Como con el resto del Acuerdo bajo el Gobierno Duque, la rebeldía a cumplir con sus mandatos hoy incorporados al orden jurídico, se ha venido imponiendo a través del viejo oxímoron colonial según el cual la ley “se acata, pero no se cumple.”

El más reciente escollo ha sido el viacrucis que ha experimentado el Reglamento de la JEP para entrar en vigencia. Empezó con la orden dada por el entonces presidente electo a las nuevas mayorías en el Congreso para que frenaran su aprobación. En tal dirección se abrieron varios flancos, entre ellos, la aspiración a convertir a la JEP en simple notario al prohibirle practicar pruebas en los casos de extradición, léase caso Santrich, que la Corte ha encontrado contraria a la Constitución.

Finalmente, aprobada la ley, surtió un pormenorizado estudio en la Corte Constitucional que culminó con una sentencia de novecientas páginas declarando su constitucionalidad. Salió en diciembre de la Corte al Congreso donde un trámite, parecido al de la carta de las pruebas que se le envolató al Ministerio de Justicia, duró mes y medio dando vueltas en el mismo edificio hasta que un escándalo mediático logró que se trasladara al presidente de la República para su sanción.

Con sentencia de constitucionalidad de la Corte, al ejecutivo le queda la opción de las objeciones por “inconveniencia” para devolver la ley al Congreso para nuevos trámites y demoras. Sin exagerar, aquí está en juego la institucionalidad del país. O el Presidente sanciona la ley que ha pasado todos los filtros o acude al subterfugio colonial con lo cual pondría la voluntad del Ejecutivo por encima de la Constitución y la Ley. En una democracia constitucional la ley se acata, pero también se cumple.

Semana.com