El caramelo

Por Clara López Obregón   

En su pasada edición, QueQué? reprodujo un interesante artículo del destacado comentarista y exdirector del Banco de la República, Carlos Caballero Argáez, en el cual justifica, con argumentos entre técnicos y políticos, la estrategia de seguridad democrática del Presidente Uribe. Expone como tesis central que en Colombia “está en juego la superviviencia misma del orden democrático por lo cual es fundamental que la sociedad colombiana no escatime recursos, esfuerzos y compromiso en la lucha por recuperar la seguridad interna del país.” A renglón seguido, sin embargo, previene sobre un exceso de celo en el frente de la guerra al alertar que “la seguridad interna tiene que emprenderse sin atentar contra la estabilidad macroeconómica.”

El objetivo es claro. Lo principal es sostener el “orden democrático” por la vía militar y policial, destinando los recursos que resulten necesarios para vencer a los grupos armados ilegales, sin aumentar el gasto público total ni los impuestos a niveles incompatibles con la confianza de los capitales en la capacidad del Estado de honrar el servicio de la deuda pública y el mercado. En el proyecto de presupuesto del año entrante, los ingresos tributarios totales -después de 6 o 7 reformas tributarias- ascienden a apenas $39 billones, mientras que el servicio de la deuda marca $32 billones, las transferencias para salud, educación y pensiones, $39 billones; y el gasto militar, $9.7 billones. Los solos sueldos de la fuerza pública superan en 36% los del resto del Estado central. El presupuesto también contempla un billón de pesos para pagarle al sector financiero la cuota anual de los platos rotos de la crisis financiera de 1999, 250 mil millones para los proyectos algo reelectorales de los consejos comunitarios y $200 mil millones para atender el desplazamiento interno.

Ello significa, en buen romance, que la guerra prolongada prevista en la estrategia de seguridad democrática debe ser financiada con cargo al gasto público social y, como anunciara el Ministro de Defensa (!), “con los impuestos de todos los colombianos”, pues las cifras sencillamente no dan. De cuál orden democrático hablan entonces los defensores de la estrategia de seguridad democrática? Veamos:

A finales del año pasado, se aprobó una reforma tributaria que contemplaba nuevas exenciones al capital por valor de entre $1.8 y $2 billones, si bien reintrodujo un impuesto al patrimonio moderado ante las críticas del Congreso norteamericano sobre la baja carga tributaria del establecimiento colombiano beneficiado con US$650 millones ($1.8 billones) anuales de ayuda militar de ese país. Para financiar $1.5 billones del déficit producido por la Ley 100 de 1993 (privatización de salud y pensiones), el presupuesto contempla una nueva reforma tributaria consistente en ampliar el cobro del IVA a los componentes de la canasta familiar y el imporrenta a las pensiones.

Las propuestas de eliminación de beneficios tributarios se refieren a las rentas de trabajo, pues el Presidente Uribe dejó en claro que mantendrá las exenciones a las rentas de capital porque está convencido de los beneficios que están generando en el crecimiento económico. Poco parece importar que los estudios empíricos digan lo contrario o que el empleo responda antes al ciclo económico estudiado por Kondratiev, Kuznets y Schumpeter que a privilegios tributarios para las grandes empresas que se pagan con el IVA a los menguados ingresos de una población que ha visto aumentar el porcentaje de pobreza al 64% en el último año.

En realidad, la estrategia de seguridad democrática que implementa el gobierno y nos conceptualiza Caballero Argáez es como un caramelo. La seguridad de los mercados y las utilidades empresariales envuelta en un fino celofán transparente en el cual se lee pero no se saborea la palabra democracia.

Deja un comentario