Diplomacia de sanciones, consideraciones humanitarias y la “intención correcta”

Diplomacia de sanciones, consideraciones humanitarias y la “intención correcta”

Por Clara López / Semana.com

Hace unos días la reconocida ONG de derechos humanos Human Rights Watch publicó un estudio que culmina con la exigencia al secretario general de la ONU para que declare una “emergencia humanitaria compleja” ante “la combinación de la severa escasez de medicamentos y alimentos en Venezuela con la propagación de enfermedades a través de sus fronteras”.

Dicha solicitud parece estar orientada a enmarcar la situación de Venezuela dentro del principio de la “Responsabilidad de Proteger” a los pueblos en casos de genocidio, crímenes de guerra, limpiezas étnicas y crímenes de lesa humanidad. En desarrollo del mismo, el Consejo de Seguridad de la ONU puede autorizar una intervención militar dentro de precisos límites que buscan evitar los catastróficos efectos de la llamada “intervención humanitaria” de Libia que permitió la exclusión aérea y bombardeos por parte de la OTAN, con saldo de 50.000 muertos y un Estado todavía fallido. Entre los límites planteados en el informe respectivo de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados de la ONU se encuentran la “intención correcta”, es decir, exenta de motivaciones distintas a la humanitaria y “el último recurso,” no hay nada más que hacer.

En este contexto aparecen serias observaciones sobre las implicaciones humanitarias de la diplomacia de sanciones que se aplica contra Venezuela, sin que Estados Unidos haya descartado una intervención militar, como se desprende de la reiteración de la expresión: “Todas las opciones están sobre la mesa”.

Según los criterios exigibles, las sanciones como instrumento de presión para forzar un cambio de régimen deben destinarse a personas específicas y sus intereses económicos y financieros personales y, en todo caso, no afectar la adquisición de alimentos y medicamentos para la población por parte del Estado afectado. Así sucedió con las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela desde el 9 de marzo de 2015 hasta el 8 de enero de 2019 contra altos funcionarios y sus bienes. No obstante, a partir del 23 de enero, las sanciones se dirigieron a las industrias petrolera y minera y a la banca estatal.

Con la sola imposición de sanciones a PDVSA (enero 23) y el giro de los pagos por compra de petróleo desde Estados Unidos a órdenes de Juan Guaidó en vez de a la estatal petrolera, el Estado venezolano perdió acceso al 94 por ciento de los recursos con que contaba para las importaciones de alimentos, medicinas y repuestos e insumos para mantener a flote la producción petrolera de la que depende.  A ello se suman las sanciones contra Minerven (marzo 19), la compañía estatal minera, y el Banco de Desarrollo Económico y Social Bandes y sus cinco filiales (marzo 22).

En Estados Unidos se han hecho la pregunta: “¿Para qué sirven las sanciones?” Nicholas Miller, un experto en ciencia política de Dartmouth College, escribió en Twitter: “Colocar el foco en el daño económico como medida de éxito es el equivalente de utilizar el número de bajas como medida de victoria en la contrainsurgencia,” lo que aquí terminó en los mal llamados “falsos positivos,” (citado por Fisher y Taub del New York Times).

Sorprende entonces que el informe de Human Rights Watch, después de expresar que la crisis venezolana antecede a la imposición de sanciones, no reconozca que las dirigidas a Pdvsa, Minerven y la Banca Estatal, la profundizan al extremo de generar las condiciones para un daño humanitario evitable. No es razonable desde una perspectiva de derechos humanos, presionar la intervención de la ONU sin exigir simultáneamente el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos dirigidas a las fuentes de recursos públicos que solventan las importaciones de alimentos y medicinas para el pueblo venezolano.

La diplomacia de sanciones claramente exige que se examinen con sinceridad las implicaciones humanitarias y que se tenga la “intención correcta” ante la justificación de una emergencia humanitaria para una eventual intervención militar.