De mercenarios a contratistas

Por Clara López Obregón   

Uno de los aspectos menos publicitados de las torturas en Iraq es el hecho de que en su aplicación aparecen involucrados varios civiles. Denominados “contratistas”, hacen parte del creciente ejercito mercenario al servicio de compañías militares privadas que explotan un floreciente mercado desde Sierra Leona y Bosnia hasta Colombia. Con la globalización, el intervensionismo militar también empieza a privatizarse. Dicha privatización, además de abrir nuevas oportunidades de ganancias, conlleva la elusión de responsabilidades ante el derecho penal internacional y la opinión pública mundial.

Aun cuando no se cuenta con estadísticas oficiales, se calcula que en Iraq pueden estar operando unos 10.000 contratistas mercenarios. En Colombia, el Congreso de los Estados Unidos ha colocado un tope de 400. No obstante, la cifra exacta es un misterio pues el tope aplica solo para contratistas de nacionalidad estadounidense, lo que permite sobrepasarlo con personal de otras nacionalidades.

Las empresas militares privadas ofrecen servicios y personal militar mercenario bajo la misma forma empresarial de las firmas de consultoría. Con presencia en al menos 100 países, hasta la fecha no tienen regulación distinta a la que le dan sus propias juntas directivas. Siguiendo la racionalidad económica, se supone que la competencia por los contratos debe servir de estímulo para establecer controles sobre las actividades de sus agentes. Sin embargo, dado el efecto negativo de los abusos, las empresas militares privadas tienen pocos incentivos para denunciar los delitos cometidos por sus dependientes.

Fue el caso de DynCorp (que tiene contratos en Colombia) en Bosnia donde varios de sus empleados fueron implicados en una rosca de prostitución infantil e incluso, uno de ellos, se hizo filmar violando a dos mujeres. Los contratistas involucrados fueron despedidos pero no judicializados. Lo propio parece estar sucediendo con las torturas en Iraq. CACI International sostiene en su página web que “a pesar de las denuncias aparecidas en la prensa, la compañía no ha recibido información alguna que indique que se hayan elevado cargos contra CACI o contra cualquiera de sus empleados que trabajan como interrogadores en Iraq”.

La ausencia de regulación sobre las actividades de estas empresas deja muchos interrogantes respecto de la responsabilidad que le cabe a los llamados contratistas, a sus empleadores y a los gobiernos que los contratan. La realidad es que hay indicios de que lo más probable es que los crímenes de guerra, las violaciones a los derechos humanos y los delitos comunes que cometan queden en la más absoluta impunidad.

Al tratarse de simples contratistas privados, no están sujetos a los códigos penales ni de ética militares. Tampoco a la Corte Penal Internacional. Ello se desprende del Acuerdo suscrito entre Colombia y los Estados Unidos el pasado 17 de septiembre que confiere a los mercenarios contratistas estatus jurídico e inmunidad fáctica frente al Estatuto de Roma. Para los fines de dicho Acuerdo -requerido de todo país que reciba ayuda militar norteamericana- la expresión “persona de los Estados Unidos de América” significa cualquier funcionario, empleado (incluido cualquier contratista), o miembro del servicio militar, actual o antiguo, del Gobierno de los Estados Unidos. Con acuerdos bilaterales como este -de los cuales ya se han firmado 90- los mercenarios, hasta ahora repudiados por el derecho internacional, encuentran cobertura como contratistas, no para ponerlos bajo cintura sino para asegurarles protección frente a la Corte Penal Internacional.

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